Carteles y despachos amigos: la historia secreta que el poder quiso enterrar

Una fuente  se animó a romper el silencio y reveló cómo operan las grandes cementeras por dentro: precios pactados, sobreprecios al Estado y una causa armada en secreto en la justicia local para tapar todo.
16/11/2026

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Captura de pantalla de una reunión virtual de Zoom con fecha 31 de agosto de 2023, donde se exponen planillas de consolidación financiera y presupuestos que documentan los movimientos y flujos internos de la compañía. 

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"Es mafia, mafia. Ya me lo habían advertido y lo viví en carne propia pero los Ceos  están  re cag..." , indicó esta persona que sufrió una persecución judicial por tratar de denunciar un entramado de corrupción que involucraria a la empresa Loma Negra y Cementos Avellaneda. 

Esta nota que salió a raíz de una investigación que realizó el periodista Moisés Vasquez del Observador 24,  desnuda cómo un expediente armado a espaldas de la ley, con la complicidad de operadores judiciales y policiales, se transformó en la herramienta de persecución a medida de un gigante industrial. Una trama donde los plazos procesales se ocultan, las garantías constitucionales se desvanecen y queda al descubierto una verdad tan incómoda como inocultable: cuando el poder económico compra voluntades, el aparato estatal se convierte en un arma de asfixia contra los ciudadanos.

Todo comenzó  en julio de 2024  cuando la fuente daminificada, en contacto con "Diario Olavarría"  advirtió que Raúl Riegler —el gerente de Cementos Avellaneda— le sacaba fotos a escondidas durante reuniones virtuales por Zoom. Cuando  le avisó que iba a reportar esa actitud, la respuesta no tardó en llegar, pero no de la forma esperada: a las pocas horas, el directivo fue a la justicia a pedir una prohibición de acercamiento. Lo curioso es que, si supuestamente temía por su seguridad, tardaron cuatro días en avisarle, lo que deja en evidencia que la medida era solo un recurso para asustar y silenciar. 

"Que la cúpula esté así demuestra la gravedad del asunto. Además, amigos abogados de Salta me confirmaron que el video de aquel notificador que vino de noche a intimidar a mi mamá para presionarme a firmar una probation con una cédula trucha es la prueba definitiva de su maniobra. Con eso retrocedieron y frenaron el hostigamiento, después de haberme bancado dos años y cuatro meses de persecución", explicó de acuerdo a su mirada. 

"Muchos ignorábamos esto, pero es algo que se tiene que saber. La realidad es que hace 50 años que estas empresas vienen operando de esta manera. Cementos Avellaneda y Loma Negra se presentan como competidores, pero en los hechos no lo son; ya han sido sancionados y juzgados, y en 2024 recibieron un ultimátum", indicó la  persona entrevistada de acuerdo a su versión de los hechos. 

Según la documentación a la que pudo acceder este medio a través de una fuente directa, el manejo financiero de Cementos Avellaneda quedó en el centro de una filtración de extrema gravedad institucional. Los registros ventilados expusieron planillas confidenciales por varios millones de dólares correspondientes a operaciones cruzadas entre la filial local, la casa matriz en España (Cementos Molins), Votorantim Cimentos (Brasil) y Cementos Artigas (Uruguay), develando un entramado de transacciones transnacionales hasta ahora mantenido bajo hermetismo. 

En este aspecto, la fuente consultada dijo que el CEO de Loma Negra, que supuestamente compite con Cementos Avellaneda, "opera para silenciarme y encubrir esa fuga de información corporativa, protegiendo un entramado de cartelización investigado durante años. No me enfrenté a una sola empresa, sino a las dos cementeras más importantes del país en simultáneo", precisó .

El engranaje que dio forma a esta persecución no se limitó a las restricciones iniciales: requirió de una estructura judicial dispuesta a operar en las sombras. Así fue como el Juzgado de Familia N° 2, a cargo del juez Santiago Arrondo, y la fiscalía dirigida por la doctora Mariela Viceconte, terminaron, según esta persona afectada,  funcionando como "una mesa de entradas tercerizada al servicio de la corporación".

Ante la advertencia de que se iban a exponer públicamente conductas irregulares y registros inapropiados en el ámbito laboral, la respuesta corporativa fue inmediata: en cuestión de horas, se acudió a los estrados judiciales para impulsar una prohibición de acercamiento carente de todo asidero fáctico y legal.

Acá es donde el juez Santiago Arrondo, desde el Juzgado de Familia N° 2, se pasó de la raya. Sin verificar si había un peligro real,  según este testimonio, usó    el juzgado para meter presión: obligó a esta fuente a viajar a declarar bajo amenaza de mandar a la policía y hasta pidió tomar huellas digitales, tratando como a un delincuente a alguien que ni siquiera estaba bien de salud. En lugar de cuidar a la gente, hicieron un trámite policial donde no correspondía para asustar y frenar las denuncias.

El castillo de naipes se cayó a pedazos cuando la fuente afectada hizo las denuncias correspondientes en organismos nacionales y fue a pedir copias de la carátula. Ahí fue, de acuerdo con su testimonio,  cuando la fiscalía de Mariela Viceconte entró en pánico: al darse cuenta de que el expediente secreto iba a saltar derecho a la justicia federal, mandaron de urgencia a la policía de la DDI a la casa para apurar una firma y disimular el desastre. Pero como los efectivos quisieron ponerse pesados y apretarla, esta persona llamó en el acto al 134 del Ministerio de Seguridad nacional. La policía se tuvo que ir corriendo sin firmar nada, y el expediente volvió a quedar archivado en un cajón porque era todo un bluff insostenible.

Cuando la fuente afectada decidió denunciar todo ante la Unidad de Información Financiera (UIF), se armó la hecatombe. "A los tres días de esa presentación, la cúpula directiva entró en cortocircuito total. Fue una situación tremenda y de una obscenidad absoluta: como se negaron tajantemente a firmar una probation trucha para cerrar el tema, la persecución escaló al punto de hostigar al entorno familiar. Demasiadas maniobras oscuras para una trama que ya no se puede ocultar", expuso esta persona. 

 Cuando la fuente afectada se presentó en la fiscalía para exigir explicaciones frente a semejante desmadre. Al verse arrinconada ante la evidencia de las irregularidades, la reacción oficial reflejó el nerviosismo de saberse descubiertas: a los pocos días, el propio Juzgado de Familia N° 2, a cargo del juez Santiago Arrondo, emitió una cédula que terminó blanqueando lo insostenible. Por primera vez se reconoció formalmente la existencia de medidas restrictivas dictadas en la más absoluta clandestinidad, a espaldas de la persona involucrada y sin una sola notificación legal. De acuerdo con el análisis de letrados y la consulta realizada en tribunales federales de Comodoro Py, la maniobra constituye una irregularidad gravísima: la utilización de expedientes paralelos y secretos —manejados como un recurso a medida— viola de manera flagrante las garantías constitucionales más elementales.

De acuerdo con lo que explicó, según  en los papeles y en las publicidades, empresas como Loma Negra y Cementos Avellaneda  te venden que compiten palmo a palmo por el mercado de la construcción. Pero tras bambalinas, la realidad es otra muy distinta. Se ponen de acuerdo en los precios, se reparten las zonas, se aseguran de cobrarle al Estado siempre de más en cada obra pública y manejan una caja millonaria que mueven entre filiales cruzadas —con giros de plata hacia España, Brasil y Uruguay— lejos de los controles locales. Y cuando alguien de adentro descubre los hilos de esa sobreprecios, de la evasión o de sus negocios oscuros, el "pacto" se activa de inmediato: dejan de ser supuestos rivales y se convierten en un solo bloque dispuesto a usar toda su influencia económica y política para asfixiar, perseguir y silenciar a quien se atreva a hablar.

Por más expedientes que cajoneen y por más millones que muevan los directorios, hay cosas que ya no se pueden tapar. El aparato judicial y los aprietes de siempre podrán demorar el golpe, pero no borrarlo. Frente al poder de los que se creen dueños de todo, la única pared que no pueden tumbar es la de alguien que decidió no callarse más.

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