El drama de los bebés de "Namasté": jueces y fiscales bajo la lupa

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El caso de la separación de los dos bebés de su mamá en Olavarría que pasó unos meses atrás, sumó un capítulo de extrema gravedad institucional. La abogada de la familia, la doctora Mónica Miracola, interpuso formalmente una acción de amparo con medida cautelar urgente ante la Justicia Federal de La Plata, apuntando contra un entramado de jueces, fiscales y colegios profesionales locales.

De acuerdo con la defensa hubo un entramado de jueces, fiscales y colegios profesionales locales que lejos de investigar las denuncias por los derechos de los niños, montaron un circuito de hostigamiento y sumarios para acallar su labor defensiva.

En su presentación ante la Justicia Federal, la abogada denunció que el Colegio de Abogados de Azul y los jueces locales armaron un sistema de "goteo sumarial" —con más de quince expedientes disciplinarios abiertos en su contra— para desgastarla, suspenderla y buscar dejarla sin la matrícula con la que trabaja.

Según expone el amparo, esta maniobra busca bloquear de manera automática su matrícula federal —afectando el fuero de excepción y generando un ilegítimo "efecto arrastre" informático a través del Padrón Único (Lex100)—, cercenando su derecho a trabajar. Para Miracola, se trata de una represalia directa por haber denunciado penalmente a los magistrados y funcionarios locales por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, tratos crueles y lesiones graves en perjuicio de los lactantes del hogar convivencial municipal Namasté.

En su presentación ante la Justicia Federal, la abogada Mónica Miracola no solo denunció la persecución en su contra, sino que puso bajo la lupa el accionar de los magistrados y funcionarios locales que intervinieron en el expediente, señalando responsabilidades directas en la vulneración de los derechos de los niños y de la familia. Entre los magistrados señalados se encuentran los jueces Dr. Santiago Arrondo, Dr. Ramiro Saralegui y la jueza Dra. Silvia Monserrat. Se les acusa de haber convalidado y ejecutado actos sin el debido rigor legal contra dos lactantes y su familia. Por otro lado, se denuncia que judicialmente se ordenó la remisión irregular de expedientes reservados al colegio profesional para fabricar sumarios.

Asimismo, el escrito alcanza la actuación de los Asesores de Incapaces de Olavarría, Tandil y Azul, debido a su rol y omisiones en la protección de los intereses de los menores involucrados. En la causa también se cuestiona el papel de la Fiscalía Especializada en Delitos Especiales del Departamento Judicial de Azul, a cargo de su titular Dr. José Ignacio Calonje y sus colaboradores frente a las denuncias penales impulsadas por las familias damnificadas por presuntos delitos de abuso de autoridad y lesiones. De este modo, el amparo presentado en La Plata desnuda cómo una serie de irregularidades derivó en un conflicto de altísimo impacto, donde la justicia federal deberá evaluar la validez constitucional de las actuaciones y expedirse sobre el marco de protección legal de la letrada. La presentación exige garantizar la inmunidad e intangibilidad profesional de la abogada —resguardada por los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados (1990, Principios 16 y 18) y la Ley 5.177— para asegurar el libre e independiente ejercicio de la defensa técnica sin coacciones, represalias ni hostigamiento.

                El Caso

Todo comenzó meses atrás a raíz de una discrepancia en un centro de salud vinculada al esquema de vacunación de dos niños lactantes de una familia de Olavarría, situación que luego escaló de manera intempestiva tras la realización de test toxicológicos rápidos que no contaban con cadena de custodia ni con el rigor legal necesario para una medida de tal gravedad.

Bajo la presunción de una situación de consumo problemático y apoyándose en resultados preliminares —cuyas muestras fueron recibidas sin custodia y que no poseían valor probatorio definitivo—, el sistema activó el retiro de los menores.

De este modo, el 26 de mayo de 2026 los lactantes fueron internados en pediatría a pesar de su buen estado de salud, logrando apartarlos de su centro de vida y paulatinamente de su seno materno, siendo alojados de forma provisoria en el hogar convivencial municipal "Namasté" de Olavarría bajo primeras medidas de "protección de personas" y luego de "abrigo". La abogada de la familia, Mónica Miracola, denunció que esta maniobra rompió abruptamente la lactancia y el vínculo familiar primario, impidiendo además que los abuelos pudieran asumir el cuidado de los niños tal como lo prevé la ley, mientras la causa judicial y las denuncias penales contra los funcionarios intervinientes continúan su curso en busca de respuestas institucionales.