Tratamientos forzados y silencio oficial: El caso de los lactantes que expone los abusos del sistema de los niños

​Separaron a dos bebés de su mamá basándose en test médicos sin custodia, ignoraron a los abuelos que querían cuidarlos y respondieron con un silencio absoluto. La historia de una arbitrariedad estatal que roza la crueldad.

/   Nota de la Redacción: Cuidamos la identidad de los menores como exige la ley. Sin embargo, informar sobre cómo trabajan los funcionarios y las instituciones del Estado es un derecho constitucional. Además, está respaldado por tratados internacionales y este tema es de indudable interés público.   / 

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*Por Redacción de Diario Olavarría y Dra. Mónica Miracola ()*

​Sin dudas, los bebés necesitan contención familiar, sentir el olorcito y el calor de su mamá, ser acariciados, amamantados y recibir todo el amor indispensable para su desarrollo. Sin embargo, meses atrás una familia de Olavarría vivió momentos dramáticos cuando efectivos policiales y personal de salud interrumpieron de golpe ese entorno de paz para llevarse a dos lactantes.

​Lo que el sistema de salud y la justicia pensaron como una medida de protección, terminó cortando de golpe lo más básico: la lactancia materna y el contacto diario.
​Vale mencionar que detrás de cada expediente hay personas. En este tiempo hubo llantos interpretados como debilidad, respuestas que se redujeron a un "es por orden del juez" y minutos contados con reloj para que una madre pudiera ver a su hijo, incluso cuando el bebé más pequeño terminó internado y necesitando oxígeno, donde afortunadamente se pudo recuperar.

​Los protocolos médicos y judiciales tienen que servir para proteger, no para deshumanizar. Pedir análisis con rigor científico, avisar a los padres a tiempo para que puedan defenderse y escuchar a una abuela que quiere ayudar no son trabas burocráticas: son garantías humanas.
​La ley existe para cuidar a los más chicos, pero también para proteger a las familias.

​En este sentido, la Ley Provincial 13.298 de Protección de los Derechos del Niño establece claramente la graduación de las intervenciones del Estado: en primer lugar, se debe acompañar e intervenir para que los padres puedan corregir o modificar conductas mediante políticas de apoyo; en segundo lugar, si se contempla una separación, la ley obliga a recurrir primero al entorno familiar (abuelos, tíos o referentes cercanos) para que asuman el cuidado; y únicamente como última instancia excepcionalísima, se puede recurrir a una Medida de Abrigo para institucionalizar a un menor en un hogar. Los abuelos también son familia y tienen el derecho legal y afectivo de cuidar.
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Por otra parte, la Ley Nacional 26.061 garantiza que nada debe interrumpir el vínculo entre la madre y el lactante sin pruebas claras, definitivas y respetando el debido proceso, pero para esta familia estos derechos han sido avasallados cuando el Estado comenzó a intervenir anulando las decisiones de la madre para posteriormente separarlos de ella.

​El nudo del problema comenzó por una discrepancia en el centro de salud respecto al esquema de vacunación de los chiquitos, tema que se podría haber arreglado mediante el diálogo y el acompañamiento. Sin embargo, esto escaló de forma intempestiva tras la realización de test toxicológicos rápidos.

​Por su parte, las propias pruebas médicas a las que accedió este medio, utilizadas para justificar la retención, carecen de rigor legal. En los informes del Laboratorio de Análisis Clínicos, firmados por profesionales de la bioquímica, se dejó asentado por escrito que se trató de "muestras remitidas sin custodia legal" y se remarcó que "todo resultado positivo requiere confirmación por método de referencia", aclarando explícitamente que "un resultado negativo no indica ausencia de ninguna droga, sino que su concentración es menor al límite de detección del test".
​En términos jurídicos y sanitarios, un test orientativo por inmunocromatografía no posee valor probatorio para fundamentar la quita del ejercicio de la responsabilidad parental o el uso de una medida cautelar extrema sin un estudio confirmatorio posterior y sin la correspondiente cadena de custodia.
​A los bebés supuestamente les realizaron estudios rápidos que pueden dar falsos positivos y que se ejecutaron sin cadena de custodia, lo cual invalida técnicamente la muestra y no es legalmente sostenible para retener a dos niños sanos.

​Según la versión familiar que brindaron públicamente, se argumentó una supuesta situación de consumo problemático de la mamá para justificar la retención de los lactantes cuando ya estaban internados. Sin embargo, a la madre no le hicieron ningún estudio en ese momento para corroborar la acusación, ni le mostraron la información concreta del laboratorio.

Lejos de proteger el vínculo, le prohibieron continuar amamantando e intentaron suministrarle medicación para cortar definitivamente la lactancia.
​Ese screening de la madre dio positivo a benzodiazepinas (por la droga suministrada por el personal médico de la guardia horas antes) y no por cocaína, como se afirmó documentalmente en la historia clínica y en los informes entregados al juzgado interviniente.

De este modo, al sostener falsamente que el bebé lactante más pequeño —alimentado exclusivamente a pecho— tenía presencia de cocaína en su cuerpo, construyeron la acusación automática de que su madre puérpera era consumidora y se la transmitía por el amamantamiento. Esta deducción se utilizó como un sustento irreal para señalarla como adicta, justificar el despojo de los niños y validar el control estatal.

​Con esta vuelta de tuerca queda totalmente al desnudo la lógica que aplicaron: un razonamiento en cadena basado en un estudio orientativo sin valor legal para tildar a la madre de consumidora y sacarle a los hijos.

​En la práctica, esto funcionó como una verdadera trampa intencional: al no poder demostrar formalmente con rigor científico lo que acusaban, recurrieron a un estudio preliminar que sabían de antemano que no era seguro, usándolo como el pretexto perfecto para justificar toda intervención coactiva médica y la retención.

​De acuerdo a la versión familiar, el problema de fondo es que estos exámenes orientativos se realizaron sin protocolos de cadena de custodia ni estudios confirmatorios inmediatos que garantizaran rigor científico. Basándose en sospechas no ratificadas y obviando las pruebas posteriores que resultaron negativas en la madre, el sistema prefirió activar la medida de retiro antes que verificar la certeza médica, dejando a dos bebés sanos lejos del pecho, de los abrazos de su mamá y del calor familiar.

​El dolor alcanzó su punto más oscuro cuando aquel bebé que junto a su hermano eran lactantes llenos de salud, ingresó a la urgencia médica recientemente, todavía bajo el cuidado estatal ya que continúan institucionalizados, y terminó conectado a una máscara de oxígeno y con incertidumbres de diagnóstico y tratamiento. Ahora a su propia madre apenas le concedieron unos miserables minutos al día para estar juntos.

​Cada intento de la familia por buscar respuestas choca contra un muro invencible. Según las versiones de esta familia, en las entrevistas del Servicio Local, a los padres les preguntan sobre el cumplimiento de un forzado y coactivo plan de restitución de derechos que prepara el servicio local municipal para condicionar la "visita" de los dos niños. Cualquier palabra sincera es distorsionada y usada en su contra; los envían a cursos de paternidad como si el amor biológico necesitara un certificado, y si la madre rompe en llanto por la desesperación, la tachan de "depresiva".

​Mientras tanto, a la abuela se le niega el derecho de tener a los dos lactantes que la ley le otorga y el juez mantiene un silencio sepulcral que prohíbe las visitas del resto de la familia.

​La paradoja más dolorosa fue cuando se programó una nueva batería de vacunas a pesar de los efectos adversos previos que jamás fueron reportados al sistema de farmacovigilancia.

​Frente a la angustia de no saber cómo están los bebés, los médicos solo atinan a repetir una muletilla que deslinda responsabilidades: "es por orden del juez".

​Ante la gravedad de los hechos, Diario Olavarría consultó formalmente a las autoridades judiciales intervinientes. En su respuesta por escrito, el titular del Juzgado de Familia requirió la identificación institucional del medio y recordó el marco de reserva legal vigente que rige para las causas con menores de edad.

​En cuanto al fondo de la cuestión, el magistrado descartó la figura de "secuestro", aclarando que los niños se encuentran bajo una medida de abrigo dispuesta de manera directa por el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño dependiente del Municipio, en los términos de la Ley Provincial 13.298, y cuya legalidad se encuentra a su cargo.

​En la misma línea, este portal intentó obtener la postura oficial de los responsables del Servicio Local. Sin embargo, hasta el momento y tras los requerimientos formales realizados, no se obtuvo respuesta por parte del organismo municipal.

​Vale mencionar que en la prensa regional la bomba ya explotó: un propio integrante del Servicio Local rompió el silencio institucional y dejó una frase que hiela el pecho: "Están cazando gente". La publicación del portal El Observador 24 expone el quiebre interno del organismo, sacando a la luz el manejo opaco, las tensiones de pasillo y la arbitrariedad con la que se ejecutan las medidas para arrebatarle los chicos a las familias en Olavarría.

​Por otro lado, la abogada de la familia no se quedó a esperar tiempos burocráticos y presentó un escrito de 16 páginas en la Fiscalía General de Azul para evitar que duerman la causa e impulsar procesos iniciados ante dependencias judiciales de control interno. No descarta realizar acciones ante órganos que revisan el cumplimiento de tratados de derechos humanos por parte de los estados. Inclusive existe ante el tribunal de casación una queja por el rechazo de un habeas corpus del cual se espera su resolución.

​Las presentaciones judiciales van al hueso: denuncian frontalmente lesiones agravadas, trato cruel y degradante, e incumplimiento de los deberes de asistencia por los episodios ocurridos en el Hogar, como privación ilegítima de la libertad.

​Para colmo, la querella acusa dolo directo en la ocultación de pruebas y exige medidas de urgencia. La letrada recusó al fiscal interviniente y dejó planteada la reserva contra el Juez, advirtiendo la existencia de un "patrón sistemático" entre las distintas dependencias estatales. Esto dejó de ser un expediente menor; es una causa penal de altísimo impacto que compromete el accionar institucional en toda la región.

​Detrás de los sellos y las firmas que llegan tarde, queda al desnudo un sistema que decide primero y pregunta después: notificaciones que nunca salieron, pruebas sin custodia y un Estado que borra la humanidad del expediente.

​Cuando la justicia se vuelve sorda a sus propios errores, la ley deja de proteger y se convierte en pura arbitrariedad. Mientras tanto, hay una familia entera que sigue esperando respuestas claras.

​Democratizar el conocimiento sobre las leyes de niñez, exigir rigor científico en las evaluaciones sanitarias y garantizar el debido proceso son los pilares indispensables para que la protección de los niños no se contraponga con el derecho fundamental de toda familia a ser escuchada y respetada.

(*) Mónica Miracola  abogada : Tel: +54 9 2284 69-4541

Para profundizar e informarse más sobre el caso:

​Eco Argentino: "El Estado está cazando gente": Fuerte denuncia al

Servicio Local y Hogar Namasté
​El Observador 24: "Están cazando gente": Un integrante del Servicio Local de Olavarría rompe el silencio