La situación denunciada por la médica Andrea Beatriz Chiodi en Olavarría es sumamente grave y expone serias irregularidades en el proceso de otorgamiento de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD). Su testimonio revela un entramado de omisiones y vulneraciones a la normativa vigente que afecta directamente la transparencia y equidad en un área tan sensible para la garantía de derechos de las personas con discapacidad.
Locales01/08/2025
Chiodi, con una trayectoria de aproximadamente 10 años en distintas juntas evaluadoras y especializada en Medicina Física, Rehabilitación y Discapacidad, describió minuciosamente el proceso que llevó a denunciar a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cómo dos CUD fueron otorgados sin la presencia física requerida de los evaluados ante la Junta, un requisito inexcusable según la normativa vigente post pandemia (la cual sólo contempla excepciones en casos extremos). Así mismo, se detectó la presentación de documentos médicos con antigüedad superior a la permitida —más de dos años— y firmas incompletas de los equipos interdisciplinarios indispensables para validar la certificación.
La médica destacó además la dilación y falta de respuesta ante sus repetidas solicitudes de informes actualizados para completar los expedientes, lo que generó que la evaluación y otorgamiento se hicieran a distancia y sin los controles normativos adecuados. El más grave, según denunció, es que estos procesos habrían beneficiado a familiares directos de funcionarios municipales y provinciales, situación que no sólo vulnera el principio de igualdad y justicia para quienes deben atravesar largos trámites, sino que también compromete la credibilidad del sistema de discapacidad local.
Chiodi precisó que, desde su llegada a la gestión, constató un sistema que en anteriores administraciones funcionaba con irregularidades estructurales, como la conformación incompleta de las juntas evaluadoras y la falta de firmas de profesionales indicados en los protocolos. Consignó que, en una profunda autocrítica, ha impulsado reevaluaciones de alrededor de 300 certificados que habían sido otorgados sin respetar los parámetros mínimos.
En el relato también emergió la resistencia que enfrentó internamente: tensiones laborales derivadas de su firme postura ética y profesional, que incluso desembocaron en intentos por descalificar su figura a través de cuestionamientos infundados sobre su estabilidad emocional y su credibilidad.
Esta denuncia va más allá de un episodio puntual. Es un llamado urgente a la revisión profunda de las prácticas administrativas en el área de discapacidad y a reforzar el control institucional para asegurar que la emisión de derechos esenciales se produzca bajo criterios de transparencia, mérito y respeto. Además, pone en evidencia la necesidad de proteger a quienes con valentía asumen la responsabilidad de denunciar situaciones irregulares, sin que ello implique represalias o aislamiento laboral.
La controversia ha tomado relevancia pública y requiere no sólo que se esclarezca cada hecho con contundencia, sino que se produzcan cambios estructurales para que el acceso a certificaciones y beneficios no dependa de variables ajenas a la justicia social.
El caso narrado por Andrea Chiodi revela graves fisuras en un sistema que sirve de puerta de acceso a derechos fundamentales para personas con discapacidad. El otorgamiento irregular de CUD representaría una doble afrenta: por un lado, la vulneración de procesos legales y técnicos de evaluación interdisciplinaria obligatoria; por otro, el daño a la confianza pública en la justicia y equidad de las políticas sociales.
La preferencia por funcionarios o sus familiares no sólo resquebraja el tejido institucional, sino que afecta a cientos de ciudadanos que viven con discapacidad y deben cumplir rigurosos requerimientos para obtener el certificado. Además, la práctica irregular pone en entredicho la ética profesional y la sustentabilidad de políticas inclusivas genuinas.
La respuesta local, donde se ha intentado descalificar a la denunciante y minimizar la denuncia, representa un síntoma preocupante de la resistencia al control y la transparencia. De ningún modo la política debe silenciar a quienes promueven la legalidad y la equidad, sino más bien respaldarlos.
El caso resulta emblemático para instar a la revisión de procedimientos, a fortalecer la supervisión estatal —especialmente por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad— y a garantizar ambientes laborales libres de represalias para profesionales comprometidos con la verdad y la justicia social.
Cadena 103
La Comisión Normalizadora de la institución, bajo la supervisión de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, invita a todos los interesados a empadronarse para conformar el nuevo registro de socios. Este proceso es clave para regularizar la entidad y convocar a futuras elecciones de autoridades.
En las próximas semanas, las promotoras de GIRO, pertenecientes a la Cooperativa Viento en Contra, recorrerán la “Ruta Verde” con el objetivo de seguir informando a la comunidad sobre la importancia de la separación de residuos y generar un espacio de intercambio con los vecinos que cuentan con la recolección diferenciada.
La jornada se inició con el comienzo de la tarde, con la acreditación de participantes, y se prolongó hasta horas de la noche con las distintas instancias de definición. La propuesta se enmarcó en las actividad diseñadas desde el Municipio, en conjunto con el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, pensadas para las adolescencias, con el objetivo de brindarles en Olavarría la posibilidad de disfrutar no sólo de esta edición de la liga de Free Style, sino también de Videojuegos, que con una convocatoria récord se llevó a cabo durante dos jornadas en el Salón Rivadavia.
La subsecretaría de Atención Primaria se intensifica la campaña de vacunación para completar esquemas según Calendario Nacional.
El despliegue abarca un trazado de 2300 kilómetros “el cual fue dividido en 6 zonas para permitir un mejor abordaje y seguimiento de las tareas desarrolladas”, afirmó Mariano Arrignon, Director del área de Obras Rurales dependiente de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos. Además, “estas obras se realizan en conjunto entre el Municipio y las empresas del sector privado que fueron adjudicadas para el mantenimiento anual de caminos rurales”, agregó Arrignon.
El encuentro dio marco a la firma de los respectivos boletos de compra venta. En la actividad el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo, Pablo Di Uono, y Bernardo Baldino, subsecretario de Empresas e Inversiones.
El reconocido relator y periodista habló con el intendente de Olavarría en su programa de radio sobre la apertura del complejo deportivo y recreativo en el ex matadero municipal.
El concejal Hilario Galli adelantó en LU32 que están preparando la documentación necesaria para poder llevar a cabo las acciones, en torno a esclarecer lo que sucede en el área, una vez que se dio a conocer el apartamiento de una médica, que reveló presuntas irregularidades en el otorgamiento de certificados únicos de discapacidad.
Autoridades del Municipio de Leiria, Portugal, llegarán a Olavarría este domingo 3 de agosto para fortalecer los lazos de hermandad entre ambas ciudades, vigentes desde 1991 y habrá una charla en la sede social de la Sociedad Portuguesa.
Graciela Garay, presidenta del Centro de Jubilados del Sindicato de Empleados Municipales, en relación al nuevo acuerdo paritario con la Comuna. Se refirió a como tiene que hacer un jubilado municipal para cobrar el bono acordado y hasta cuando tiene plazo.
El gremio logró un incremento que, si bien es no remunerativo, busca recomponer el poder adquisitivo de los empleados y jubilados municipales frente al avance de los precios.
Durante el encuentro se realizaron actividades recreativas, juegos grupales y propuestas deportivas pensadas para fortalecer los vínculos, promover hábitos saludables y el trabajo en equipo. La jornada concluyó con un almuerzo compartido entre los y las participantes.