No al ajuste en discapacidad!. ¡Milei se tiene que ir!
Una multitudinaria movilización visibilizó la grave crisis en Salud Mental y Discapacidad. Reclaman pagos atrasados, insumos y el fin de la precarización laboral, exigiendo un presupuesto digno y la aprobación de una Ley de Emergencia para garantizar derechos.
*Por Alejandro Acosta Juárez
El día jueves 29 se realizó una multitudinaria movilización que recorrió la plaza central de la ciudad, cerrando su convocatoria en Casa de Gobierno. Fue impulsada por un amplio sector de trabajadores de salud, educación, instituciones, asociaciones, agrupaciones y familias que forman parte del trabajo cotidiano en Salud Mental y Discapacidad.
La consigna que recorre todo el país es “Discapacidad en Emergencia”, y se expresa en convocatorias en gran parte de las provincias. El reclamo nace de la profunda crisis que atraviesa todo el sistema de salud, que se viene arrastrando de los gobiernos anteriores pero que tiene hoy, bajo el gobierno de Milei, una gran escalada por las políticas de ajuste. Con las mismas recetas, hoy se precariza a quienes trabajan en todos los sectores de la salud, afectando también la calidad de vida de la población.
Entre los reclamos más urgentes se encuentran: la falta de aprobación de tratamientos, el atraso en los pagos (en muchos casos con demoras de más de 5 o 6 meses) y la falta de insumos y recursos para los pacientes en todas sus áreas. El ajuste de Javier Milei deja a miles de familias y personas con discapacidad sin prestaciones, sin pensiones, y a los trabajadores en un estado de pulverización de sus ingresos y salarios.
Actualmente e históricamente, los trabajadores vinculados a la salud y la discapacidad estan bajo un sistema profundamente precarizado: se le exige acreditar como monotributistas, ofrecer servicios tercerizados, enmarcados en un registro nomenclador nacional que siempre presenta aranceles miserables y a la baja, y que no incluye a todos los servicios de salud. Tal es el caso de los Acompañantes Terapéuticos, quienes quedan librados al mercado de la salud a través de prepagas y obras sociales.
Lamentablemente este proyecto de ley no contempla la totalidad de los reclamos del colectivo de discapacidad ni de sus trabajadores: plantea avances necesarios pero insuficientes frente a éste ataque global hacia la protección social de las personas con discapacidad. El proyecto tiene la intención de asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entre los cambios propuestos se incluyen: la creación de una pensión no contributiva, la modificación de los criterios de certificación de discapacidad, la actualización mensual de las prestaciones y la modificación de las condiciones para acceder a beneficios y se encuentra programada para tratarse en el recinto el próximo 4 de junio.
Vale mencionar que la salud mental y la educación son un derecho, y porque sin trabajadores ni presupuesto no hay acceso a los derechos que se hayan conquistado.
Por La Izquierda Diario
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