​"Consideramos intolerable que un docente profiera amenazas": repudio de la Comisión por la Memoria ante un grave episodio en la UNICEN

​La entidad de derechos humanos local emitió un documento tras los hechos ocurridos en la Facultad de Ciencias de la Salud. El texto remarca la necesidad de preservar las aulas públicas como espacios democráticos y brinda un firme respaldo a la comunidad estudiantil.  

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La garantía de las aulas universitarias como espacios de debate seguro, libertad académica y formación democrática se vio sacudida en los últimos días tras un grave episodio de violencia institucional. 

La Comisión por la Memoria de Olavarría expresó su más enérgico repudio ante las declaraciones y amenazas pronunciadas por el médico Walter Ressia, quien se desempeñaba como docente en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN).

​Los hechos, que tomaron estado público en las últimas horas, sucedieron el pasado viernes 5 de junio en el marco de la materia Módulo 6, una asignatura que congrega a cerca de 200 estudiantes avanzados de la carrera de Medicina.

Según consta en las denuncias y en los testimonios de los presentes, la situación se desencadenó cuando un grupo de alumnos realizó una intervención áulica para manifestar disidencias y señalar modificaciones técnicas introducidas en la guía para el tratamiento médico del asma.

​La respuesta del profesional a cargo de la clase, lejos de encauzarse dentro de la discusión académica o científica, derivó en descalificaciones y amenazas directas. De acuerdo a lo denunciado por los testigos, Ressia se refirió a los jóvenes como "guerrilleros montoneros" y dirigió una agresión explícita hacia una de las estudiantes, manifestando que "a esta montonera hay que matarla, cargarla en el baúl de un Falcon verde y tirarla por ahí".

​El reclamo de los Derechos Humanos
​La gravedad de las expresiones —que apelan directamente a la metodología de la desaparición forzada de personas y al accionar del terrorismo de Estado en la Argentina— motivó la inmediata reacción de los organismos de derechos humanos locales.

​"Quienes fuimos víctimas directas del terrorismo de Estado, familiares de personas desaparecidas y militantes de Derechos Humanos consideramos intolerable que un docente de una institución pública profiera amenazas contra sus estudiantes", señalaron de forma taxativa desde la Comisión por la Memoria de Olavarría.

​La entidad remarcó además que la reivindicación de las prácticas de la última dictadura militar, ampliamente juzgadas y condenadas por los Tribunales Federales del país, trasciende la falta disciplinaria y roza el terreno judicial.

En tal sentido, recordaron que este tipo de declaraciones públicas constituye apología del delito, una figura tipificada en el artículo 213 del Código Penal de la Nación.

​Desde una perspectiva social y de derechos, la comunidad regional ha coincidido en la necesidad de cuidar a la juventud y preservar a las instituciones públicas como territorios libres de violencia. El comunicado de la Comisión cerró con un firme mensaje de apoyo y acompañamiento a la alumna agredida bajo la premisa de que "toda violencia es política" y sosteniendo la vigencia histórica del "Nunca Más".

​El episodio abre un debate profundo en la opinión pública local sobre los límites del discurso en los entornos pedagógicos y la responsabilidad de los profesionales de la salud y la educación en la formación de las futuras generaciones.