Sierra Chica al descubierto: Un testimonio revela una red de corrupción carcelaria

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En el corazón sombrío de la Unidad Penal Nº2 de Sierra Chica, un interno se atrevió a alzar la voz contra la corrupción, desvelando un entramado de ilegalidades que sacude los cimientos de la institución. 

Su valiente denuncia dió lugar a una Investigación Penal Preparatoria (IPP) en la Fiscalía N° 14 a cargo del fiscal Lucas Moyano. Este medio pudo confirmar oficialmente este dato a partir de la Defensora  oficial de la UFD N° 5 de Olavarría, Soledad Kelly.

La intervención de la defensora fue clave para activar el proceso investigativo, pero no brindó más detalles de la investigación porque lo está llevando a cabo la fiscalía.

Vale mencionar que la presente nota se basa principalmente en el testimonio del interno denunciante, en su ejercicio del derecho a la libertad de expresión. 

Sin embargo, el camino de este interno por la verdad está plagado de peligros. Tras sus primeras revelaciones, fue trasladado a Barker y, según sus propias palabras, sufrió un trato hostil como represalia por sus denuncias. "Me pasan la comida por abajo de la puerta, como a un perro en un plato. No me sacan a bañarme. Nada. Totalmente desprotegido", describió sobre su situación en la Unidad 37.

La gravedad de su situación se intensifica con su reciente traslado a Alvear, unidad de la cual tenía un impedimento judicial debido a una agresión previa sufrida a manos de autoridades penitenciarias. Además, el interno ha manifestado un temor fundado por su vida, relatando amenazas directas tras su denuncia: "Me dijeron que si sigo hablando voy a terminar colgado en un buzón".

Su testimonio es un hilo delgado de verdad en un mar de silencio impuesto que busca alcanzar los oídos de una sociedad ajena a la putrefacción carcelaria;  mientras,  él es movido de un penal a otro, enfrentando hostilidad y amenazas a pesar de la investigación judicial en curso.

La pregunta resuena con fuerza: ¿se atreverá la justicia a derribar los muros de la impunidad y proteger a quien se atreve a denunciar, o el valiente interno seguirá siendo víctima de un sistema que parece priorizar el silencio sobre la verdad?

El denunciante se contactó con "Diario Olavarría" y pidió que no dijeran su nombre por temor a venganzas. Él reveló que hay un negocio de ingreso de diferentes  productos a la cárcel y venta de drogas, donde supuestamente participan algunos  de los  jefes, directores y subdirectores del Servicio Penitenciario. 

También señaló las numerosas dificultades económicas que enfrentan las familias de los internos, mencionando gastos inesperados como los sobornos que deben pagar para poder ingresar alimentos, artículos de higiene personal y otros elementos necesarios a la prisión.

Según su testimonio, para poder ingresar cualquier cosa a la cárcel, las familias de los internos debían dejar los paquetes en un negocio ubicado frente a la entrada y abonar un monto de dinero. Al día siguiente, otros presos que trabajaban en el exterior del penal se encargaban de introducir los artículos. En este aspecto el hombre afirmó que "este sistema permitía que el director, el jefe penal, los subdirectores y el jefe de requisa se repartieran las ganancias obtenidas de estos pagos". 

La denuncia central se enfoca en este "negocio negro" de las encomiendas, un sistema paralelo al ingreso oficial que, en palabras del interno, "alimentaba la corrupción en los puestos jerárquicos de la prisión". Según su testimonio, se exigía un pago por cada paquete que las familias deseaban enviar a sus seres queridos.

Pero la corrupción, siempre según el testigo, iba más allá. "Había otras actividades ilegales permitidas dentro del penal, como comunicaciones prohibidas y movimientos de dinero sospechosos a través de una compra y venta ilegal".

El interno describió el funcionamiento de este sistema: "Yo te decía el precio de lo que necesitaba, y si aceptabas, me pedías un alias para que mi gente de afuera te hiciera una transferencia. Una vez que recibías el dinero, me enviabas lo que había comprado: droga, comida, cigarrillos o cualquier otra cosa. Siempre operó de esa manera".

La magnitud de la corrupción quedó en evidencia con el descubrimiento de "un celular con números de 8 cifras en una billetera virtual" y otro teléfono con "conversaciones con personal del servicio penitenciario que no se hicieron públicas". Para el interno, estos hallazgos revelaban una extensa red de complicidades dentro del penal.

El miedo lo había silenciado durante un tiempo, pero finalmente, la necesidad de hablar superó el terror y de esa forma se atrevió a señalar la presunta implicación de las más altas autoridades del penal:  "al principio dije que no sabía. Que creía que el jefe penal y el director no sabían por miedo de que me pasara algo.. Pero en realidad... saben todos".

El testigo también reveló cómo la corrupción facilitaba el ingreso de drogas a la cárcel a través de los "redonderos", presos con permiso para trabajar fuera del penal. Estos eran sobornados, "engomados" según su jerga, para introducir estupefacientes al regresar. Esta operatoria no era azarosa, sino que existía una coordinación precisa: se aguardaba un instante específico para que la droga pasara inadvertida por los guardias.

En este sentido, el denunciante detalló que los "redonderos" "llevaban una bolsa en la mano o envuelta en un trapo y el encargado del momento no los detenía para revisar qué ocultaba". La razón, según su testimonio, era una orden directa: "Sabían que era droga, todos sabían que era droga lo que llevaban, y nadie los paraba porque tenían órdenes de trabajar así". Esta operatoria, afirmó el interno, generaba ganancias  millonarias de forma ilícita: "Y ahí estaba la coima de millones y millones que se vendían... millones por día en droga, y todo eso lo maneja el servicio penitenciario", enfatizó.

Adicionalmente, el testigo expuso un presunto negocio de cerdos manejado por personal penitenciario, que se sostenía desviando la comida destinada a los internos. En sus palabras, "en realidad el servicio penitenciario cocina para los chanchos. Es un 'curro eso', es plata del director, de los subdirectores, de los jefes de jefatura, de las distintas unidades". En este punto, especificó que "en todas las unidades carcelarias hay chancherías afuera, porque las alimentan con la comida que realmente paga la gente, la sociedad en la calle, los impuestos para supuestamente solventar los gastos de los internos".

También planteó interrogantes sobre el destino del dinero obtenido de la venta de los lechones y quién se beneficiaba de esas ganancias. Asimismo, denunció que "el dinero de los internos se usaba para pintar los pabellones o hacer arreglos, cuando esos gastos deberían ser responsabilidad del gobierno

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El Narcotráfico y la Explotación: Otra Cara de Sierra Chica

La denuncia del interno fue más allá del negocio de las encomiendas y los teléfonos móviles. También señaló a la propia policía penitenciaria como la responsable de la venta de drogas dentro de la cárcel, especificando que "en el pabellón de las chicas trans es donde más se mueve la droga". No obstante, insistió en que la sustancia no pertenecía a las internas, sino a algunos guardias. Él mismo experimentó las consecuencias de esta situación, siendo trasladado de pabellón. Según su testimonio, "la droga siempre la trajeron ellos".

El recluso también mencionó el caso de una interna trans conocida como "la negra", quien durante un largo período (entre 10 y 15 años) se encargó de la limpieza de los pabellones 9 y 10. Sin embargo, tras varios incidentes, incluyendo "rayonamientos" y el descubrimiento de una gran cantidad de droga, "la negra" fue repentinamente trasladada. Para el testigo, este hecho ilustraba la profundidad con la que el "negocio oscuro" estaba arraigado en la Unidad Penal Nº 2, hasta el punto de volverse insostenible.

Un detalle adicional relatado por el interno robustece su convicción de que la corrupción persiste. Tras el allanamiento policial en la celda de "la negra" en el pabellón 9 y su posterior traslado, otra interna trans, Kendra, quien previamente había sido descubierta vendiendo hamburguesas, gaseosas y cigarrillos en su celda del pabellón 11, fue designada para la limpieza del mismo pabellón 9.

Para el testigo, esta secuencia era elocuente: una interna presuntamente implicada en actividades ilícitas es apartada tras el hallazgo de drogas, y en su lugar se designa a otra con un historial similar "¿Imaginate si la corrupción no sigue?", cuestionó el interno, insinuando que esta situación no representaba un cambio, sino una clara señal de que tales prácticas eran la norma dentro de la Unidad Penal Nº 2.

En este sentido, el interno se mostró pesimista sobre un cambio real: "Cambiaron muchísimas veces al jefe penal, pero el negocio de la droga nunca se terminó en la Unidad y no se va a terminar tampoco", se lamentó.

Otro aspecto grave de la denuncia es la supuesta explotación de presos vulnerables. El testigo contó el caso de Antonio Dretsch, quien estuvo 20 años en la misma unidad y celda vendiendo comida dentro de la cárcel. Según el interno, Dretsch, al no tener familia ni ayuda de afuera, era usado por la policía penitenciaria para su propio beneficio económico. Ellos se quedaban con el 70% de las ganancias de la venta de hamburguesas, cigarros y otros alimentos, mientras que el interno solo recibía un 30% para sobrevivir.

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El grito desesperado

La denuncia formal que presentó el interno ante el fiscal

Es importante destacar que este interno se siente muy solo por haber denunciado toda esta supuesta corrupción en la Unidad Penal. Después de su denuncia, y como dijo en un correo electrónico reciente, lo trasladaron bajo amenazas a la Unidad Penal de Barker (Nº 37). Y ahora está en la Unidad Penal de Alvear.

En dicho correo electrónico, el interno manifestó su profunda inquietud, no solo por las amenazas recibidas, sino también por el incumplimiento de una orden de traslado emitida por el juez de su causa, Eugenio Sespedes. Según su relato, al preguntar sobre el traslado dispuesto judicialmente, personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) respondió de manera desafiante e inquietante, evidenciando una presunta falta de acatamiento a la autoridad judicial y una preocupante indiferencia hacia su integridad física.

Sin lugar a dudas, la denuncia del interno, actualmente bajo la investigación del fiscal Lucas Moyano, plantea serias interrogantes sobre el rol del sistema judicial en la salvaguarda de los derechos de las personas privadas de libertad. En su testimonio, el interno describió el apoyo judicial recibido como "muy poco", exponiendo una situación donde, en lugar de que las decisiones del juez respecto a la ubicación y seguridad de los detenidos sean primordiales, parecería que las directivas del Servicio Penitenciario tienen mayor influencia. Esto sugiere una posible subordinación de las decisiones judiciales a la voluntad de la autoridad penitenciaria, lo cual resulta alarmante en términos de la independencia del poder judicial y la protección de los derechos de los internos.

El pedido del interno para ampliar su declaración 

Con evidente frustración, el interno exclamó: "Usted, señor juez, tiene el valor y la jerarquía suficiente para, sobre un procesado como yo, que goza de la presunción de inocencia, velar por mi seguridad. No puede ceder ante el Servicio Penitenciario y permitir que decidan mi destino, trasladándome a su antojo. Si usted ordena que debo permanecer en una unidad específica con resguardo físico, eso es lo que debe prevalecer. ¡Lo dice la ley, lo dice el Código Penal!".

A pesar del palpable peligro, este interno tomó la valiente decisión de llevar estas graves acusaciones ante la justicia, buscando una investigación exhaustiva sobre la presunta corrupción en la cárcel de Sierra Chica.

Vale remarcar que esté medio  ha intentado contactar al fiscal Moyano pero hasta el momento no obtuvo respuestas.

La corajuda denuncia de este interno desde la Unidad Penal Nº2 de Sierra Chica expone una realidad sombría que clama por una investigación profunda. Su testimonio revela un presunto entramado de corrupción que no solo socava la legalidad dentro del penal, sino que también impacta la vida de los reclusos y cuestiona el rol de las autoridades y del propio sistema judicial.