Crónica de un escándalo: CUD en Olavarría desata un cruce de acusaciones

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Una grave denuncia por presuntas irregularidades en la emisión de un Certificado Único de Discapacidad (CUD) a un familiar de un alto funcionario de Salud local ha desatado una fuerte controversia en Olavarría, escalando rápidamente a un campo de batalla político y mediático entre la Cadena 103 y varios sectores del oficialismo local incluyendo al jefe comunal . 

Vamos por parte . La controversia se encendió cuando Cadena 103 reveló que la Oficina Municipal de Discapacidad habría otorgado un CUD (Certificado Único de Discapacidad) por 10 años al hijo de un alto funcionario de Salud. Lo que levantó las alarmas fue que, según la denuncia, la certificación se habría emitido sin solicitar un informe psicológico ni convocar al menor a la junta evaluadora presencial.

Esta situación, señaló el medio, contrasta drásticamente con la realidad de cientos de personas que aguardan pacientemente, durante meses (incluso hasta cuatro o cinco), para acceder a un turno “legítimo y transparente”.

La emisora enfatizó que estas acciones habrían omitido por completo el debido procedimiento y dejó  de lado a quienes están en lista de espera desde hace tiempo.

Se acusó que estas prácticas no solo violarían los principios básicos de igualdad, transparencia y legalidad, sino que evidenciarían un “patrón preocupante de favoritismo y turnos de privilegio” en la Oficina de Discapacidad de Olavarría.

La gravedad de la situación se acentuó con la confirmación de que una integrante con reconocida trayectoria en el ámbito de la discapacidad dónde habría presentado una denuncia formal ante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por estas presuntas “irregularidades y prácticas corruptas”. Cadena 103, en forma exclusiva, accedió desde el primer día al contenido de esta denuncia, preservando los datos privados de las personas involucradas.

La contundente desmentida del funcionario: “Exponen a un pibeeee”
 

El alto funcionario involucrado no tardó en responder, calificando la versión de “absolutamente falsa” a través de un contundente comunicado difundido en sus redes sociales. Visiblemente afectado, expresó: “En el momento que lo nefasto supera todo tipo de límites, me invade la indignación como jamás me sucedió en años de estar relacionado con la gestión pública”.

En conjunto con la madre del menor, el funcionario hizo pública su defensa, centrando su principal reclamo en la violación de la confidencialidad y la exposición de un menor de edad.

Aunque los medios no mencionaron explícitamente el nombre de su hijo, la información publicada lo involucra directamente en una problemática de salud, algo que la familia considera “inaceptable”. “Exponen a un pibeeee”, enfatizó, añadiendo: “Se ha dicho más de una cuestión sobre mí y jamás se me ocurrió un descargo, pero esto no se puede tolerar”.

La familia explicó que su hijo posee el CUD desde su nacimiento debido a una cuestión física, y que este certificado ha sido “fundamental para llevar adelante un tratamiento desde el primer día, que incluyó cuatro cirugías en sus doce años de vida”.

 Además, desmintieron rotundamente las acusaciones de “turno privilegiado”, aclarando que, por primera vez desde el nacimiento del menor, hubo una discontinuidad de un par de meses en la vigencia del CUD, hecho que está “documentado”. Este suceso, según el funcionario, fue “tergiversado para argumentar un supuesto trato preferencial”. La familia aseguró  haber entregado “TODA la documentación que se requiere para la renovación”, incluyendo resúmenes de historia clínica y certificados de necesidad de tratamiento extendidos por los profesionales que atienden a su hijo.

El comunicado también cuestionó la rigurosidad periodística de uno de los medios, recordando que le han realizado “no menos de 15 entrevistas” y preguntándose: “¿Si respetan su propia trayectoria y me llaman para chequear una info que evidentemente venía de muy malas fuentes? ¿O es solo mala intención sin medir las consecuencias?”.

Finalmente, el funcionario concluyó con una exigencia clara: “Creo sin ningún margen de equivocación, que tanto mi hijo, mi esposa y yo, nos merecemos unas disculpas públicas por las mismas vías en las cuales fuimos expuestos con algo falso”.

 La respuesta de Cadena 103 y la defensa del intendente
 

Lejos de retractarse, Cadena 103 redobló la apuesta con una contestación a través de su página de Facebook, presentando lo que considera “pruebas” que sustentan su denuncia.

La emisora aclaró que la información publicada se centró “exclusivamente en una denuncia de favoritismos y posibles actos de corrupción en la Junta Evaluadora de Discapacidad de Olavarría. 

La radio insistió en que el foco de la noticia fue “señalar un posible mal manejo en la asignación de turnos y emisión de certificaciones en la Oficina de Discapacidad”.

 Respetando la privacidad de las personas con esa condición,  la emisora afirmó que su objetivo fue enfocar la crítica en “prácticas cuestionables dentro del sistema”. 

De esta forma Insistieron que : “las denuncias públicas tienen por objetivo visibilizar irregularidades administrativas y de gestión que afectan a toda la comunidad, en especial a personas con escasos recursos”. Cadena 103 concluyó invitando al funcionario a sus programas periodísticos, sosteniendo que “el diálogo es fundamental para transparentar la problemática”.

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Paralelamente, el Intendente Municipal Maximiliano Wesner salió indignado públicamente en defensa de su funcionario. "Las personas con discapacidad hoy atraviesan una situación angustiante en nuestro país y lo que hacen con estas mentiras es profundizar esa angustia en las familias.

Me pregunto qué hay detrás de esas cuentas falsas que hay detrás y qué persiguen los medios sin ética profesional", expresó.

Wesner, visiblemente afectado, señaló que aunque puede "bancarse" mentiras sobre su sueldo o su forma de vida, no tolera que "se metan con un tema tan sensible que me toca de cerca como es la discapacidad". Criticó duramente a las "cuentas falsas que usurpan la identidad de reconocidos periodistas operando y mintiendo con este tema tan sensible", y advirtió: "La discapacidad es algo que acompaño desde muy pequeño, me toca muy de cerca en mi familia, con lo cual hay límites, no jodan. Vivimos acá en Olavarría, somos vecinos, nos conocemos".

La reacción del Intendente llega después de varias publicaciones en perfiles anónimos creados para acusaciones sobre la gestión municipal. En una de ellas, se publicaron sueldos de funcionarios, incluyendo el del intendente, sugiriendo cifras arbitrarias. Wesner aclaró que su sueldo está fijado por la Ley 12.120 (equivalente a 16 sueldos mínimos de la categoría inferior del escalafón municipal para municipios con 20 a 24 concejales), y reveló que continúa donando parte de su salario.

 La Jefa de Gabinete y la “separación del cargo” de la denunciante
 

A la defensa del intendente se sumó la Jefa de Gabinete del municipio, Mercedes Landívar, quien en LU32 describió que la situación tiene "una dimensión en los espacios en redes que no hay forma de identificar quién los gestiona, y otra es la mala práctica periodística o de comunicación".

Adjudicó intencionalidad política al contexto, sugiriendo que "todos los espacios políticos tienen que reflexionar". De esta forma  Recordó que el municipio también ha presentado denuncias, pero "poniendo cara, nombre, con pruebas y se chequean las fuentes", a diferencia de estos casos "viralizados" que usan políticamente el tema, vulneran derechos y violan el secreto profesional al referir a personas con discapacidad. Landívar consideró el tema de los salarios como "chicanas que hacen daño a toda la clase política y hasta a la democracia". Finalmente, adelantó que, en breve, se podrán abrir las puertas del hogar de Talleres Protegidos.

Un nuevo giro en la trama se dio cuando Cadena 103 informó que, "ante la confabulación de las otras profesionales, que se encapricharon en no trabajar con la médica que denunció irregularidades en el otorgamiento de los CUD", las autoridades municipales decidieron separar de su cargo a la denunciante "hasta que se aclare lo ocurrido".

La emisora criticó esta decisión, señalando que "no solo se castiga a quien brega por esclarecer lo que denuncia, sino que se avala el complot de empleados que se niegan a trabajar y para lo que fueron contratados". Además, mencionaron que las profesionales alegan un trato discriminatorio y agraviante de parte de la médica que efectúa la denuncia, "llamativamente en este contexto y 8 años después de que comenzara su tarea, que nunca mereció observaciones".

La situación promete nuevos capítulos a medida que la denuncia ante ANDIS avance y se esperan más reacciones de los involucrados en este complejo escenario político y social en Olavarría.