El Gobierno nacional y los docentes universitarios no alcanzaron un acuerdo en la reunión que mantuvieron este jueves y se profundiza el conflicto: la oferta salarial del 3% que elevó Capital Humano, la misma que en la primera reunión el pasado 1º de septiembre, fue rechazada por completo por los gremios, que continuarán con un plan de lucha.
En este contexto, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que nuclea gremios de docentes y no docentes, definió las próximas medidas de fuerza que llevará a cabo el sector y le puso fecha a la 5ta Marcha Federal Universitaria.
Los trabajadores de la universidades nacionales realizarán un paro de 48 horas, los días 18 y 22 de septiembre, al tiempo que la movilización en todas las provincias se realizará el jueves 15 de octubre.
La propuesta oficial fue otra vez de un 3% de aumento en septiembre y 3% en octubre, sin cambios con respecto a la del encuentro pasado, por lo que la reunión en el Palacio Pizzurno terminó a los pocos minutos.
Además de esperar una oferta superadora, los integrantes de los sindicatos solicitaron los fondos que establece la judicializada Ley de Financiamiento Universitario: es decir, una recomposición del 32,5% que perdieron los salarios durante los primeros años de la administración nacional de Javier Milei.
La reunión se dio en medio de un nuevo paro docente que se suma a unos 30 días sin clases en lo que va del año. La protesta fue concretada por el Frente Sindical de Universidades (Conadu, Conadu Histórica, Ctera, UDA, FEDUN, CEA y Fagdut), además de la adhesión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).
El contexto en el que se da esta discusión no es menor. El Ejecutivo asignó $7,3 billones para las universidades públicas en el Presupuesto 2027, una cifra 33% inferior a los $11 billones que reclaman los rectores para sostener salarios, infraestructura, ciencia, becas y hospitales, mientras se profundiza la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Las autoridades de las 60 universidades públicas estimaron que casi el 90% de los recursos requeridos corresponde a salarios docentes y no docentes. El resto contempla gastos de funcionamiento, obras de infraestructura, investigación, becas y hospitales universitarios. La diferencia presupuestaria se superpone con un conflicto judicial y paritario.
Fuente: Agencia DIB
