La jueza federal de Rio Grande Mariel Borruto dispuso hoy frenar la iniciativa de extracción de petróleo Se Lion, en la cuenta norte de Malvinas, a raíz de una presentación que hizo el Centro de ExCombatientes de Islas Malvinas de La Plata unos días antes de la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei anunció en endurecimiento de sanciones a las compañías que participen.
La decisión de la jueza Borruto afecta puntualmente a las compañías Rockhopper Exploration (inglesa) y Navitas Petroleum Development and Production Limited (israelí), que en noviembre pasado habían informado que pasaban a la fase de explotación del proyecto Sea Lion, para extraer entre 50.000 y 55.000 barriles de petróleo diarios en la Malvinas a partir de 2028, una cifra que podrían creer hasta los 80.000 barriles diarios más adelante.
La decisión exige paralizar perforaciones, instalaciones submarinas y los trabajos de explotación hidrocarburífera. La magistrada precisó que su resolución es de carácter precautorio y no implica un juicio definitivo sobre el fondo del asunto. Pero sí dispuso frenar los actos financieros destinados a posibilitar el emprendimiento y prohibió celebrar nuevos contratos de financiación, recibir desembolsos, realizar pagos o transferencias y constituir garantías sobre el proyecto.
La resolución otorga un plazo de 10 días a las compañías para presentar una declaración jurada documental sobre el estado actual de Sea Lion. En ese documento las dos empresas deberán detallar el cronograma de perforación, pozos, contratistas, estructura societaria, entidades financieras, aseguradoras y planes de contingencia ambiental. Paralelament, requirió a la Cancillería argentina informar en 10 días si las firmas cuentan o contaron con habilitación.
La actuación de la jueza Borruto se desencadenó a raíz de una presentación que realizó el CECIM La Plata el 1° de septiembre pasado -72 horas antes de la cadena de Milei- a la que después se sumaron la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), y la Asamblea Comunidad Costera de Tierra del Fuego.
Entre otros puntos, plantearon que la iniciativa de Rockhopper y Navitas implica riesgo ambiental colectivo, carece de una evaluación consistente de impacto ambiental, además de estar sustentada legalmente en licencias británicas que considera ilegales y violatoria de la Ley Federal de Hidrocarburos -conocida como Ley “Pino Solanas, por su autor- que es justamente el proyecto que busca modificar Milei para endurecer los castigos.
